2021: Año de la Independencia
28/09/2021
Amigas, amigos
Compañeras, compañeros,
Autoridades tradicionales de los gobiernos yaquis
Representantes de las distintas culturas, etnias indígenas de nuestro país,
Ingeniero Cárdenas, antropólogo Salomón Nahmad,
Ciudadano gobernador de Sonora, Alfonso Durazo,
Amigas, repito, amigos todos:
Durante los 34 años del porfiriato, de 1876 a 1911, las comunidades indígenas padecieron la más brutal represión que se haya registrado en la historia de México.
En casi todo el periodo porfirista, el ejército asesinó a indígenas que defendían sus tierras comunales y se negaban a convertirse en peones de minas o de haciendas. En 1895, Porfirio Díaz mandó a desalojar a los totonacas de sus comunidades cercanas a Papantla, Veracruz, con la intención de hacer valer una adjudicación de supuestos terrenos nacionales a favor de su suegro, Manuel Romero Rubio. Este infame operativo consistió en el envío de soldados de línea que, según John Kenneth Turner, mataron a unos 400 indígenas, incluyendo mujeres y niños.
Así o más terrible fue la represión que sufrieron los rarámuris de Tomóchic y Temósachic en Chihuahua, en 1891 y 1892, al ser despojados de sus tierras.
De igual manera, durante muchos años se mantuvo una cruel guerra de exterminio contra los mayas de la península de Yucatán y los yaquis, mayos y seris en Sonora. Con justificaciones racistas, todos fueron tratados con brutalidad. Para las élites porfiristas de entonces, los pueblos indígenas simplemente significaban un obstáculo que impedía la modernización del país. El hacerles “justicia a los yaquis –comentó un veterano de esa guerra– perjudicaba el progreso material de la nación. Cometiendo una injusticia –decía– se favorecía el progreso y el gobierno optó por lo segundo”. Es decir, por el progreso sin justicia.
Los pueblos originarios fueron considerados enemigos a los que había que someter o destruir. En cada de uno de sus informes, en ese entonces semestrales, Porfirio Díaz rendía cuentas, sin recato alguno, de este deplorable propósito. Por ejemplo, en abril y septiembre de 1900, habla de la rebelión de los yaquis, mayos y mayas, y expresa que han sido redobladas las medidas militares. El diputado Justino Fernández que contesta el último informe de ese año, asegura que pronto terminará, lo cito: “la insensata rebelión indígena, dada la severa represión que se le ha aplicado”. En 1901, Porfirio informó que estaba a punto de aplastar la rebelión de los mayas de Yucatán; al año siguiente, los considera “sin iniciativa –decía– para combatir” y los tacha de “grupos errantes” que resisten en la selva sin someterse.
En 1903, informa que el estado de Campeche, donde también se habían rebelado los mayas, estaba “prácticamente” en paz. Esa paz de los sepulcros, la paz de la represión. En cuanto a los yaquis de Sonora, en 1902, dice que siguen resistiendo a pesar de la “represión” del ejército federal. Un año después afirma textualmente que “prácticamente” los ha sometido. Por último, en 1904, declara formalmente concluidas las “interminables” campañas de pacificación de Sonora y Yucatán. En la celebración del 2 de abril de ese año, se otorga a Porfirio, cito: “el gran cordón militar (…) por haber concebido y llevado a buen término la campaña contra los indios salvajes de Yucatán”.
Es importante repetir y dejar en claro que las guerras de exterminio contra la población indígena tenían como propósito central el despojo de sus tierras, de sus bosques y de sus aguas. Así lo expresa el mismo Porfirio cuando, en 1902, justifica la creación del territorio federal de Quintana Roo, hoy estado de Quintana Roo, sobre una extensa porción del estado de Yucatán, diciendo con toda crudeza, lo cito: “que esa espaciosa zona del suelo mexicano, conquistada palmo a palmo a las tribus rebeldes que de ella se habían adueñado”, se iban a entregar a la benéfica –y estoy citando– “benéfica influencia… de los capitales”.
En la visión del dictador, los territorios donde vivían los indígenas, desde tiempos inmemoriales, no les pertenecían, y en el discurso oficial era de uso común la palabra salvajes, bárbaros, con esa concepción racista que se padece desde la llegada de los invasores españoles. También en los documentos oficiales, en los discursos se repite una y otra vez la palabra represión.
Las llamadas “campañas” contra los mayas, mayos y yaquis fueron en realidad una segunda conquista, no menos brutal que la de 1521. Una vez más, los bárbaros eran quienes, con el uso de la fuerza, despojaban y trataban como extraños a los dueños originarios de las tierras mediante una guerra cruel y dispareja, para la cual el régimen adquirió las más sofisticadas armas de la época.
En la obra El Porfiriato, La Vida Social, dirigida por Daniel Cosío Villegas, se afirma, sin considerar la represión de los mayas, cito: “que el gobierno federal empleó… cuatro mil 800 soldados contra los yaquis y 3 mil contra los mayos, o sea, la cuarta parte del ejército” nacional de ese entonces. En cuanto a los asesinatos, aunque ningún autor llega a precisar un número exacto, el mismo Luis E. Torres, despiadado gobernador sonorense, reconoció en una entrevista que habían muerto en campaña 15 mil yaquis y 200 soldados. Más otros muchos hombres, mujeres y niños que fallecieron en las infames deportaciones y por las condiciones de esclavitud a que eran sometidos en el sureste del país. En fin, esta guerra de exterminio no solo es la más inhumana prueba del carácter dictatorial del régimen porfirista, sino uno de los capítulos más vergonzosos de nuestra historia patria.
Para los conservadores, los insensatos que todavía afirman que la Revolución Mexicana no sirvió de nada y que el pueblo estaba mejor con Porfirio Díaz, es importante en esta ocasión recordar algo que narra el historiador José Valadez sobre el inicio de la Revolución en el sur de Veracruz, cuando el coronel magonista Cándido Donato Padua, relata que andando en campaña lo encontró un grupo de familias yaquis, en el sur de Veracruz, 25 hombres, 14 mujeres y un gran número de niños yaquis deportados que permanecían como esclavos en una hacienda azucarera, y le pidieron que los liberara. Como no había espacio suficiente en la lancha en que se transportaba el grupo guerrillero, el coronel Padua les propuso llevarse únicamente a los hombres; pero éstos –sus antepasados– le rogaron que se permitiera a las mujeres y familias acompañarlos, porque si se les abandonaba en la finca serían objeto de la furia de los capataces; finalmente el coronel accedió y todo el grupo se puso en marcha. Revolucionarios y prófugos, liberados, ocuparon la nave en que habían llegado los rebeldes, y un viejo lanchón, pero al día siguiente hubo la necesidad de abandonar las embarcaciones y emprender el camino a pie. Así eran los revolucionarios, puro corazón, por cierto, muchos de ellos han sido olvidados y ni siquiera conocidos, aunque son entrañables héroes anónimos.
Tampoco debe pasarse por alto que Francisco I. Madero, en su libro La sucesión presidencial, escrito en 1908, acusó al sonorense Ramón Corral de la guerra contra los yaquis, ni debe olvidarse que desde los primeros días de su triunfo el Apóstol de la Democracia, Francisco I. Madero buscó hacer justicia a estos pueblos, no sin enfrentar la oposición del gobierno provisional y reaccionario de León de la Barra.
De igual forma deben ser recordados por su solidaridad con estos pueblos yaquis el presidente Adolfo de la Huerta y, sobre todo, como es de dominio público, el justo y patriota, general Lázaro Cárdenas del Río, quien reconoció a los yaquis como los dueños originarios de un vasto territorio y les restituyó sus tierras y el agua, aun cuando, con el paso del tiempo, no se hayan ejecutado a cabalidad sus acuerdos y resoluciones.
Vino después, como ya sabemos, un largo periodo de simulación e hipocresía en el que se hablaba de respeto a los pueblos originarios, pero se permitía su opresión, su explotación y el saqueo de sus recursos. Ese régimen ha quedado atrás. El Estado mexicano no debe permitir nunca más la marginación, el abuso y las injusticias en contra de los yaquis ni de ningún otro grupo étnico o cultural de nuestro país.
Por ello, ahora vinimos a refrendar nuestro compromiso de hacer justicia a los pueblos yaquis. Primero deseamos ofrecerles perdón por los crímenes de Estado que se cometieron contra sus antepasados, sobre todo, durante el porfiriato, aunque no solo durante esa dictadura.
Y también estamos aquí para tratar de reparar, en la medida de lo posible, el daño que se ha cometido a los pueblos yaquis destinando recursos del presupuesto público para la dotación de tierras, garantizar el derecho y mejorar el aprovechamiento del agua, así como para llevar a cabo un programa integral para el bienestar de los pueblos. No estamos iniciando en este acto estas acciones; llevamos alrededor de dos años trabajando de manera conjunta con las autoridades tradicionales y ya empiezan a verse resultados.
Estoy seguro que en los tres años que me quedan como presidente terminaré de cumplir con los compromisos que hoy estamos refrendando y acordando. De todas formas, voy a seguir visitando periódicamente los pueblos yaquis; cada tres, cada cuatro meses voy a estar recorriendo los pueblos, para que se cumpla el plan de justicia a los pueblos yaquis, que podría resumir en tres grandes e importantes acciones.
Primero, el restituir sus tierras, hasta en 20 mil hectáreas. Hoy ya firmé la entrega de 2 mil 900 hectáreas y vamos a seguir entregando la tierra a los pueblos yaquis.
Segunda acción, que no falte el agua para los pueblos y que se tenga agua suficiente para la agricultura, y que el distrito de riego lo administren las autoridades tradicionales de los pueblos yaquis. Vamos a invertir, solo en el plan hidráulico, alrededor de 6 mil millones de pesos. Y es mi compromiso, para que haya agua en los pueblos yaquis.
Y tercero, ya empezamos con un programa integral para mejorar la situación en cada comunidad, en cada pueblo, con introducción de drenaje, mejorando las calles. Ya se han entregado alrededor de mil 500 créditos; no, no es crédito, es apoyo para vivienda. No es crédito. Y vamos a seguir apoyando para la ampliación y mejoramiento y la construcción de vivienda. Y vamos a impulsar la educación. Y aquí está Zoé Robledo, porque en cada pueblo va a haber una unidad médica rural y vamos a tener un nuevo hospital del IMSS Bienestar. Y vamos a seguir con mejoras urbanas.
Todo esto lo estamos haciendo primero en común acuerdo con las autoridades tradicionales, nada se está haciendo sin consultar a las autoridades de los pueblos y nos están ayudando mucho.
También hay un equipo del gobierno federal dedicado a cumplir este compromiso. El coordinador es el compañero Adelfo, y él tiene el apoyo de todas las secretarías del gobierno federal.
Pero ahora hay algo también muy importante que me da tranquilidad, para que podamos cumplir los compromisos con los pueblos yaquis y también con el pueblo de Sonora. Me da mucho que ya esté de gobernador Alfonso Durazo; que él también va a estar pendiente y me va a acompañar para que se cumpla todo, que no quede nada pendiente; y tenemos que terminar en diciembre del 23. Aunque si el pueblo lo decide, si lo quiere el creador, la naturaleza, la ciencia, pues yo voy a terminar a hasta finales de septiembre del 24, pero ya estoy preparando todo para concluir las obras en diciembre del 23, para no tener nada pendiente, no dejar ninguna obra sin terminar. Que yo me pueda ir con mi conciencia tranquila.
Lo hago porque ya lo expresé, porque es un acto de justicia a sus antepasados, los yaquis. Es un acto de justicia a todos los pueblos indígenas de México. La verdad más íntima, más entrañable de nuestro país, de nuestra nación, pero también lo hago por mis convicciones, por mis propias convicciones, porque desde hace muchos años he sostenido que por bien de todos, primero los pobres.
Muchas gracias, amigas y amigos.
Vícam, Sonora, 28 de septiembre de 2021