2023: Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo
Amigas, amigos,
Dirigentes sindicales, mujeres y hombres:
Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta importante conmemoración, en esta fecha histórica.
Hoy, primero de mayo, Día del Trabajo, se recuerda a los mártires de Chicago como símbolo de lucha y resistencia de la clase obrera en el mundo; no debemos olvidar que hace 137 años ocho obreros, migrantes en su mayoría, fueron injustamente procesados por exigir de manera pacífica el derecho a la jornada laboral de ocho horas; a cinco de ellos se les sentenció a la pena capital. Todos los historiadores contemporáneos coinciden en que eran inocentes de los delitos que les fueron imputados, que los juicios fueron una farsa, que las ejecuciones fueron un escarmiento dirigido a desalentar a quienes luchan por sus derechos legítimos y que se creó contra ellos un clima social de linchamiento, no muy distinto al que a veces intentan producir algunos políticos y gobernantes contra los migrantes en Estados Unidos. Sobre los mártires de Chicago, José Martí escribió unas palabras que bien pueden aplicarse a la inmensa mayoría de quienes se ganan el pan fuera de sus países de origen, decía Martí: “Estos no son felones abominables, sedientos de desorden, sangre y violencia, sino hombres que quisieron la paz, y corazones llenos de ternura, amados por cuantos los conocieron y vieron de cerca el poder y la gloria de sus vidas”.
Aquí en nuestro país también expresamos hoy nuestra más sincera admiración y respeto a quienes lucharon y entregaron hasta sus vidas, por mejorar las condiciones salariales y laborales de la clase trabajadora.
Recuérdese que a la par de esa gran injusticia padecida por los obreros de Chicago, en nuestro país se vivían tiempos dictatoriales y los trabajadores del campo, de las fábricas y de las minas, padecían de las más despiadadas explotaciones e inclusive había resurgido la esclavitud colonial.
Además de los bajos salarios, las condiciones laborales durante el Porfiriato fueron infames. Abundan los testimonios de maltrato y de jornadas de 16 horas; a las mujeres se les pagaba menos que a los hombres; se recurría al trabajo infantil para abaratar la mano obra y no se contaba con ninguna prestación adicional al salario; ni un día de descanso remunerado, vacaciones, indemnización por accidentes de trabajo, no había pensiones ni jubilación, nada, absolutamente nada. El cónsul inglés Carden, en su informe de 1896 a los industriales de Manchester, calculaba que 12 por ciento de los obreros de las fábricas textiles de México eran niños de ambos sexos. No está de más subrayar que no existían leyes laborales para impartir justicia en la relación obrero-patronal; todo quedaba bajo el control de empresarios excesivamente ambiciosos y despiadados, y eran muy pocos, contados los industriales con sentimientos humanitarios.
En 1892, los dirigentes de la confederación obrera de las fábricas del valle de México enviaron un escrito a Porfirio Díaz, por demás realista y doloroso, en él le pedían su intervención para que garantizara el derecho al trabajo digno y a mejores condiciones laborales; “el obrero en México, señor Presidente, [le decían] en vano consagra su vida entera al trabajo… El obrero tiene en el presente una existencia angustiosa para procurar un mezquino alimento a su familia, y en el porvenir sólo espera una vejez impotente, amargada por la miseria y afligida por las enfermedades. Nosotros no conocemos el ahorro, ese aliciente para el futuro, que aseguraría el pan y la educación para nuestros hijos, y para nosotros algún descanso cuando se extinguieran nuestras fuerzas físicas, o cuando una mutilación, tan frecuente en nuestro estado, nos impidiera trabajar…”.
Sin embargo, no habían ninguna respuesta, el gobierno evadía su responsabilidad social porque no había justicia social, el gobierno era un simple comité al de una minoría rapaz, al servicio de potentados. Por eso fueron de gran trascendencia las huelgas de Cananea y Río Blanco, así como la Revolución Mexicana, movimiento emprendido por los trabajadores y por el pueblo en contra de los potentados, de los gobernantes autoritarios, de la dictadura, de la prensa oficial y oficiosa y de los “científicos”, como se llamaba a los intelectuales al servicio del régimen porfirista.
Aun cuando nos lleve tiempo, y ya es la hora de la comida, es importante recrear lo sucedió en Cananea en 1906 y en Río Blanco en 2007. En Cananea estaba en explotación la rica mina de cobre, que pertenecía al coronel estadounidense William Green, y que está situada más cerca de la frontera de Arizona que del centro-sur de Sonora, de modo que, en los hechos, era un enclave estadounidense. Ahí los extranjeros mandaban en todo, ocupaban los puestos directivos, manejaban el comercio, vivían en las mejores casas y procuraban no mezclarse con los mexicanos. Además, había grandes diferencias salariales. La empresa ocupaba a 6 mil mineros mexicanos y a 600 estadounidenses; los nacionales ganaban 3 pesos al día y los norteamericanos, 3 dólares. Por si fuese poco, la jornada laboral exigida a los mexicanos era, en promedio, de 12 horas. Por esa causa, el primero de junio de 1906, los trabajadores resolvieron ir a la huelga con un pliego petitorio que incluía la destitución de un mayordomo abusivo; también se incluía salario mínimo de 5 pesos diarios; jornada máxima de 8 horas; distribución de todas las plazas de la empresa en proporción de 75 por ciento para los mexicanos y el resto para los extranjeros, y el reconocimiento al derecho de los nacionales a ascender a puestos superiores.
Está demostrado que el coronel Green rechazó por escrito las demandas, con el argumento de que los mineros de Cananea eran los mejor pagados de la república. Sin embargo, existe otra versión de que Green telegrafió a Porfirio Díaz para expresarle su disposición a aceptar las peticiones, y que la respuesta del dictador fue: “No me alboroten la caballada”. Con esta supuesta recomendación, Green se excusó: “‘Trabajadores’, les dijo a los mineros ‘estoy dispuesto a negociar, pero vean’ y agitó el telegrama en el aire, ‘el Presidente de la República lo prohíbe’”.
Aquí abro un paréntesis, para refrescar también la memoria, durante todo el periodo neoliberal había ocasiones en que los empresarios querían incrementar los salarios y el gobierno lo prohibía, porque la política económica antipopular, entreguista impuesta desde el extranjero consistía, precisamente, en mantener bajos salarios y aunque el sector empresarial o algunos empresarios quisieran o querían incrementar el salario, no se les permitía. Cuando se habla de neoliberalismo, nosotros siempre hemos sostenido que en México, neoliberalismo es neoporfirismo, es una calca de lo que se padeció durante el periodo de Porfirio Díaz.
Lo cierto es que Green exigió al gobernador de Sonora, Rafael Izábal, que se trasladara a Cananea con fuerzas federales: “Traiga sus tropas con usted”. Pero casi al mismo tiempo, cuando una manifestación de mineros pasa por un depósito de madera de la compañía, se desata la violencia. Daniel Cosío Villegas consigna que “viene el primer disparo, los primeros muertos y heridos y la respuesta de los mineros de incendiar la maderería y matar a los dos norteamericanos…”. Se sabe que Rafael Izábal, a su paso por Naco, reclutó a 200 estadounidenses y llegó con ellos a Cananea. Un poco antes, había arribado el comandante de la gendarmería sonorense y también hizo su aparición el general Luis E. Torres, jefe de las fuerzas federales en el estado. Según Enrique Flores Magón, todas estas fuerzas participaron en la matanza y “fueron asesinadas veintisiete personas, de las cuales algunos no eran mineros”.
Dos días después de la represión, tanto Torres como Izábal se ponen de acuerdo para fusilar a los dirigentes de la huelga. Así lo informa en un telegrama Izábal a Ramón Corral, ministro, en ese entonces, del Interior de Porfirio Díaz:
…podrán ser condenados [le dice el gobernador de Sonora a Corral] por sediciosos… Manuel M. Diéguez, natural de Jalisco, socialista decidido; Esteban Baca Calderón, natural de Tepic, bastante ilustrado e inteligente, que buscó trabajo de minero sin más fin que relacionarse con el pueblo y sublevarlo; José María Ibarra, comerciante en pequeño, natural de El Fuerte, Sinaloa. Éstos son los que ahora tenemos perfectamente aclarados con documentos u otras pruebas, que están en correspondencia y combinación con los Flores Magón… Seguro que aparecerán otros; pero a éstos… el general Torres y yo creemos conveniente fusilarlos; pero a la luz del día, para que el ejemplar castigo surta sus efectos.
Ramón Corral no estuvo de acuerdo con el escarmiento propuesto por la pareja Torres e Izábal. Tal vez fuera igual de canalla que ellos, pero sin duda era menos tonto. En un telegrama dirigido al gobernador Izábal le dice que “es imposible fusilar a los instigadores de los desórdenes, porque causaría grande escándalo en el país. Que les aplique el juez todo el rigor de la ley y después les mandaremos a San Juan de Ulúa a extinguir su condena.”
Y en efecto, eso sucedió, el juez Demetrio Sodi niega el amparo a los dirigentes y conforme a la consigna, Manuel M. Diéguez, Esteban Baca Calderón y Samuel Ibarra fueron sentenciados a permanecer 15 años en el presidio de San Juan de Ulúa, Veracruz. Más tarde, Sodi llegaría a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Según el periodista italiano Carlo de Fornaro, en ocho años de carrera en el poder judicial, acumuló una fortuna de más de un millón de pesos y su máxima era: “No hay más justicia que la real gana de quien manda”. En cuanto a Diéguez y Baca Calderón, en 1911, con el triunfo maderista, salieron de las tinajas heladas del purgatorio de San Juan de Ulúa.
Luego de Cananea se produjo la rebelión en la zona textilera de Orizaba, particularmente en Río Blanco, Veracruz. Si en Cananea a los 6 mil mineros mexicanos le pagaban 3 pesos diarios, en Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Querétaro, Estado de México y el Distrito Federal, cerca de 50 mil operarios de la industria textil recibían sólo un peso por 15 horas de trabajo.
En abril de 1906, cuando ya estaban en marcha los preparativos para hacer una huelga en Río Blanco, el propio gobernador de Puebla, Mucio Martínez, que tenía poco o casi nada de humanismo, de sensibilidad social, le escribe a Porfirio Díaz que no le parece “bajo” el salario de un peso diario, pero sí excesiva la jornada laboral que duraba de 6 de la mañana a 9 de la noche. En su opinión, sería conveniente reducirla a doce horas, aunque veía difícil convencer a los industriales que tenían como predilección, cito textualmente: “sacarle al obrero el máximo jugo posible”.
Indiferentes al descontento de sus trabajadores, los empresarios textileros de Puebla y Tlaxcala constituyen el Centro Industrial Mexicano, que decide imponer en todas las fábricas de la región un reglamento único. Éste fija el salario en un peso al día, establece la jornada de trabajo de 6 de la mañana a 8 de la noche, con excepción de los sábados y los días 15 de septiembre y 24 de diciembre en que las labores deberán suspenderse, decía el reglamento, a las 6 de la tarde. Todos los domingos y veintiún días festivos en el año serán de descanso, y en ellos los obreros no trabajarán, pero tampoco recibirán pago. En respuesta, el 4 de diciembre de 1906, los trabajadores agrupados en el segundo Gran Círculo de Obreros Libres, una organización más extendida que la de Río Blanco porque funcionaba en Puebla y Tlaxcala, se declaran en huelga.
Siete mil operarios interrumpen sus labores en ambos estados y elevan al Centro Industrial Mexicano una serie de propuestas contra el reglamento. Era un pliego petitorio justo y moderado, pero los empresarios contestaron con intransigencia y rechazaron el arbitraje de Porfirio Díaz, solicitado por los dirigentes obreros; el 22 de diciembre, por la mañana, informaron los empresarios a Díaz que no deseaban su mediación y por la tarde, los industriales de Puebla y Tlaxcala, donde proseguía la huelga, así como los de Querétaro, Distrito Federal, Veracruz y otros estados, anunciaron que a partir del 24 de diciembre cerrarían sus fábricas hasta que los obreros aceptaran las condiciones establecidas en su reglamento. El conflicto, como es obvio, hizo notoria la pérdida de respeto al presidente Porfirio Díaz; es decir, ya se empezaban a invertir los papeles: él había creado a esos empresarios, pero en 1906 éstos se sintieron con suficiente poder para defender sus intereses e imponer sus decisiones.
Mientras el tiempo pasaba, la situación social se deterioraba cada vez más; muchos trabajadores desesperados empezaron a emigrar a la ciudad de México y otros hasta Coahuila, aceptando el ofrecimiento que les hizo Francisco I. Madero de darles trabajo en sus haciendas. Por fin, luego de haber rechazado en dos ocasiones la mediación presidencial, los empresarios la aceptaron y el 4 de enero de 1907 Porfirio presentó a las partes en conflicto una resolución muy desventajosa para los obreros, que en vez de solucionar el problema, lo agravó.
Existen varias versiones de los hechos del 7 de enero de 1907; unos coinciden en que, en esa fecha, en un ambiente de hambre, desesperación y cansancio, un grupo de obreros se confrontó con empleados de la tienda de raya del francés Víctor Garcín o García; según otros historiadores, los trabajadores arrojaron piedras contra el almacén, les dispararon desde adentro y dos obreros cayeron muertos.
Esto desata un motín, la gente incendia la tienda de raya y la violencia se desborda a medida que una multitud invade las tiendas de raya en todo el corredor textilero. El gobierno lanza una represión brutal por parte del ejército, que es reforzada al día siguiente con la llegada del subsecretario de Guerra al que acompañan soldados de la ciudad de México y del estado de Veracruz. Las tropas federales abren fuego sobre los manifestantes, hay fusilamientos, son detenidos alrededor de 300 trabajadores y un periodista asegura que “el número de víctimas fue de entre 650 y 700 personas.
En el archivo privado de Porfirio Díaz hay un reporte en el cual le informan que el primero de junio de 1907, cinco meses después de la matanza, el vapor Progreso zarpa de Veracruz con 16 dirigentes obreros deportados a Quintana Roo, entonces la Siberia tropical de México; y días más tarde llevan a 22 más a ese que era infierno verde. Miren cómo han cambiado las cosas.
En realidad, la brutal represión de Río Blanco y la zona textilera de Orizaba dejó abierta una gran herida en el país y produjo un profundo resentimiento contra Porfirio Díaz, que luego de años de silencio llevaría a muchos mexicanos a respaldar la campaña maderista y a empuñar las armas en la Revolución.
Para hacer valer la justicia, y en especial la justicia laboral y agraria, se hizo la Revolución Mexicana; fue la primera en el mundo por su dimensión social y la más profunda por su vocación humanista. Todavía no se llevaban a cabo las más transcendentes reformas en materia laboral, cuando ya Francisco I. Madero, que no era precisamente socialista, creó durante su gobierno el Departamento del Trabajo y consta que hasta el 16 de septiembre de 1912 intervino en la solución de por lo menos setenta huelgas, casi todas en la industria textil. En estos casos, sin usar la fuerza, se celebraron acuerdos entre obreros y patrones para la reducción de las jornadas de trabajo a diez horas diarias y con incrementos de salarios del diez por ciento.
Sin embargo, lo más importante en materia de derechos laborales se alcanzó con la aprobación del artículo 123 de la Constitución de 1917; allí quedaron establecidos el salario mínimo, justo y remunerador; la jornada de 8 horas; el día de descanso obligatorio; que las mujeres, durante los tres meses anteriores al parto, no desempeñarían trabajo físico y en el mes siguiente del parto disfrutarían de descanso total, así como tiempo libre para amamantar a sus hijos en el periodo de lactancia; asimismo, se estableció que para trabajo igual debería corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad; se estableció reparto de utilidades; las hora extra de trabajo se debían pagar cien por ciento más que una jornada normal; habitaciones, servicios médicos y unidades recreativas en centros de trabajo; responsabilidad de empresarios por accidentes y enfermedades de los trabajadores; indemnizaciones por muerte o incapacidad; derecho a la formación de sindicatos; el reconocimiento del derecho de huelga; la creación de juntas de conciliación y arbitraje; el establecimiento de cajas de seguros populares en beneficio de los trabajadores; asimismo, se consideraron como de utilidad social las cooperativas para la construcción de viviendas, entre otras prestaciones.
Ninguno de estos derechos existía en el porfiriato; es indudable que la lucha del pueblo por su emancipación, acompañada por las sinceras convicciones de sus dirigentes, dio lugar a conquistas sociales muy importantes que marcaron con claridad la diferencia entre el periodo revolucionario y el Porfiriato. Aunque “los reaccionarios”, como decía don Jesús Silva Herzog, “ignorantes y obstinados, siguen pensando que aquel tiempo en que gobernó al país el general Díaz, fue el mejor de México en toda su historia. Hay insensatos, parece mentira –señalaba don Jesús– , que niegan el desarrollo de la nación alcanzado en los últimos lustros; más para un hombre progresista de nuestros días, el balance del porfirismo arroja números rojos. Si no hubiera sido así no habría estallado la Revolución”.
Y, en efecto, por el sacrificio de los mexicanos que participaron en esa gesta histórica, no por concesión gratuita, se creó un nuevo orden social con mayor movilidad y justicia. Debe recordarse también que con los gobiernos posrevolucionarios surgieron el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit, entre otras instituciones de apoyo a la clase obrera.
No obstante, durante el periodo de 1983 a 2018, una constante de los gobiernos neoliberales o neoporfiristas, fue quitar derechos y conquistas a la clase trabajadora; sobre todo, limitar de manera brutal e injusta el aumento al salario mínimo; al grado que en 36 años el poder adquisitivo de los trabajadores se redujo hasta en un 70 por ciento. La justificación de esta infamia era que el aumento al salario ocasionaba inflación; una gran mentira, un vil sofisma de la tecnocracia al servicio de la oligarquía que en ese entonces mandaba en México.
Ahora las cosas son distintas: el gobierno actúa con independencia, como verdadero juez y no está sólo al servicio de empresarios o de banqueros; el salario mínimo ha aumentado en 90 por ciento en términos reales, como nunca en la historia reciente; se ha incrementado el reparto de utilidades; hay condiciones favorables para que los trabajadores democraticen sus sindicatos, con el voto libre y secreto; los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo no son impuestos por los potentados, ahora es Luisa María, no es una empleada de ningún empresario del sector minero, de los que expulsaron a Napoleón, ya eso no pasa, ni volverá a pasar. No se permiten abusos contra los asalariados; hay elecciones con voto libre y secreto en las organizaciones sindicales; los contratos colectivos se someten a consulta con los obreros; y en este nuevo ambiente de verdadera legalidad y justicia, sin que se le impida a nadie manifestarse y ejercer su derecho de huelga, prácticamente no hay protestas sindicales.
Amigas y amigos,
Dirigentes sindicales,
Solo me resta agradecerles porque he contado con la comprensión y apoyo de ustedes, independientemente de las banderías partidistas como aquí se ha mencionado, siempre he tenido el apoyo de ustedes, el tiempo que llevo gobernando el país. Pueden estar seguros de que, bajo los mismos criterios de legalidad, democracia, libertad sindical y justicia para los trabajadores, nos seguiremos conduciendo en el resto del tiempo que nos queda de mandato.
Estoy seguro de que continuaré contando con ustedes y con el apoyo de la clase obrera de México, con su cooperación y con su solidaridad. De mi parte, ustedes siempre encontrarán extendida mi mano abierta y franca en señal de amistad y compañerismo. Somos distintos porque somos libres y somos demócratas, pero nos debe unir siempre, y eso es lo que estamos demostrando, el amor al pueblo y a la patria. Cuando se tienen ideales son más importantes las causas que se defienden que el carácter, el habla o el temple de los dirigentes.
Muchas gracias.
Palacio Nacional, 1º de mayo de 2023