2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata
El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el memorándum que enviará a los secretarios de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma; de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa, en el que instruye dejar sin efecto la reforma educativa.
“En tanto se alcanza un entendimiento con maestros y padres de familia sobre los cambios constitucionales requeridos y las leyes reglamentarias que deben ser modificadas o, en su caso, abrogadas”, versa el documento suscrito por el presidente esta mañana luego de anunciarlo en la conferencia de prensa.
Explicó que el objetivo de este gobierno es consolidar una reforma constitucional aceptada por todos, que garantice la educación pública obligatoria, laica, pluricultural, de calidad y gratuita, en todos los niveles escolares.
A esos principios, instruyó el presidente, deberá atenerse la SEP mientras se alcanza el consenso entre el Congreso de la Unión, trabajadores y sociedad.
El presidente estipuló que la SEP administrará las plazas magisteriales a fin de evitar su tráfico y prácticas de corrupción.
Asimismo, garantizará la contratación de maestros egresados de las normales públicas y se reinstalará a los docentes cesados por la aplicación de evaluaciones punitivas.
La SHCP asumirá el control de la nómina del sector educativo para evitar ‘aviadores’, el pago a los maestros y desterrar prácticas de corrupción.
En el documento también insta a la Secretaría de Gobernación agilizar el trámite de liberación de maestros encarcelados y la reinstalación inmediata de todos los despedidos “víctimas de evaluaciones punitivas”.
El presidente dejó por escrito que el gobierno contará con recursos para indemnizar a familiares de maestros y luchadores sociales que perdieron la vida por oponerse a la reforma educativa.
Por último, el documento contiene un exhorto a maestros “de todas las tendencias y corrientes a mantener un diálogo permanente, a impedir la confrontación y a buscar una formulación legal que garantice el derecho del pueblo a la educación bajo el principio juarista de ‘nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho’”.